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Sin embargo, a diferencia de un mercado completamente libre, el Estado interviene para regular situaciones que podrían generar desequilibrios, como serían los monopolios, la contaminación ambiental o aspectos de injusticia social.

Para ello, los poderes públicos utilizan la política fiscal o monetaria, así como su capacidad de regulación normativa.

3. Redistribución de la riqueza

Finalmente, en una economía mixta, el poder público suele implementar ciertas medidas redistributivas de la riqueza. Es decir, transfiere riqueza de quienes más tienen a quienes menos tienen.

Para ello, se utilizan herramientas como las siguientes:

• Impuestos progresivos, que gravan en mayor proporción a los contribuyentes más ricos.
• Servicios públicos, para permitir que cualquier persona pueda acceder a servicios esenciales a un precio asequible o de forma gratuita.
• Subvenciones, subsidios y ayudas sociales, para compensar a las personas menos favorecidas o en situaciones de exclusión social.

Ventajas y desventajas de la economía mixta

Como cualquier otro sistema, la economía mixta ofrece tanto aspectos positivos como negativos:

Ventajas

Las ventajas más destacables de los sistemas de economía mixta son las siguientes:

• Equilibrio entre libertad de mercado y regulación: de acuerdo con los postulados de la economía mixta, este modelo permite que las empresas compitan entre sí y prosperen, fomentando la innovación y eficiencia. Pero, al mismo tiempo, la intervención estatal evita abusos y protege a los consumidores.
• Estabilidad económica: la capacidad del Estado para intervenir durante crisis económicas puede reducir la volatilidad y estabilizar el crecimiento, evitando colapsos.
• Protección social: se promueve la justicia social al adoptar medidas que garantizan el acceso universal a servicios esenciales, como la educación, la sanidad o las pensiones.

Desventajas

En lo que se refiere a los riesgos y desventajas de la economía mixta, destacamos los siguientes:

• Burocracia y regulaciones excesivas: como se ha visto muchas veces, la intervención estatal puede generar normativa demasiado rígida, así como un exceso de burocracia. Todo ello acaba por ralentizar procesos, aumentar costes para empresas y particulares y, en definitiva, limitar la eficiencia económica.
• Corrupción: aunque no sea una consecuencia inevitable, al tener un sector público grande y con poder en sectores estratégicos, se pueden generar prácticas corruptas, sobre todo si no existe la suficiente transparencia en la gestión.
• Dificultad para encontrar el equilibrio público – privado: como decíamos, en los sistemas de economía mixta puede haber todo un espectro de opciones, dependiendo del grado de intervención del Estado. En este sentido, es difícil definir y adoptar un equilibrio óptimo entre mercado y regulación. Así, una intervención excesiva puede frenar la iniciativa privada, mientras que una insuficiente puede generar desigualdad y abusos de poder.

Funciones del Estado en los países de economía mixta

En una economía mixta, el Estado desarrolla distintas funciones para tratar de mantener ese pretendido equilibrio económico y social:

1. Regulación y supervisión

Sin lugar a dudas, la ley es uno de los instrumentos más importantes del poder público para intervenir en las distintas esferas de actividad de empresas y ciudadanos.

Al mismo tiempo, se hace necesario implantar procedimientos de vigilancia y supervisión, para asegurar la efectividad de toda esa normativa.

Aunque el objetivo sea garantizar la competencia justa, evitar abusos y proteger a los más vulnerables, se puede llegar a caer en una rigidez excesiva que frene el dinamismo del sector privado.

2. Políticas fiscales y monetarias

Los impuestos son el principal recurso del Estado para financiar su actividad (infraestructuras, sanidad, educación, etc.) y redistribuir la riqueza de acuerdo con principios de justicia social.

De nuevo, en el espectro político de los sistemas de economía mixta, caben desde sistemas que rozan lo confiscatorio, hasta otros con carga impositiva muy baja.

Por otra parte, la política monetaria es una herramienta imprescindible para influir en el coste y disponibilidad del dinero y, por tanto, conseguir estabilidad de precios.

3. Provisión de bienes públicos

En los países con economía mixta, el Estado se encarga de producir y suministrar determinados bienes y servicios esenciales, que se consideran imprescindibles para todas las personas (con independencia de su capacidad económica).

En este sentido, se trata de garantizar el acceso universal a servicios como la educación básica, la asistencia sanitaria o la seguridad ciudadana.

4. Gestión de crisis económicas

Cuando el ciclo económico atraviesa fases de crisis, la intervención estatal trata de minimizar sus efectos adoptando medidas que puedan ayudar a la recuperación y proteger a los más vulnerables.

Por ejemplo: estímulos fiscales, programas de rescate y políticas monetarias expansivas.

Sin embargo, desde posiciones críticas a este tipo de medidas, se argumenta que, a menudo, las intervenciones públicas son ineficientes e ineficaces, sentando las bases para nuevos desequilibrios.

¿Hay alternativa a los sistemas de economía mixta?

Como decíamos al inicio, el sistema de economía mixta se ha impuesto en prácticamente todos los países del mundo, tanto desarrollados como en vías de desarrollo.

Ciertamente, la variedad de matices y niveles de intervención es muy variada, pero no dejan de seguir un mismo patrón.

En este punto, podríamos preguntarnos si hay alguna alternativa real a este modelo, que pudiese corregir sus fallos o debilidades.

Una opción probada históricamente fueron las economías comunistas, donde el Estado controla todos los aspectos económicos y la iniciativa privada está fuertemente limitada. Como es sabido, la historia ha dejado muy patentes los graves problemas de este modelo en la práctica.

En una posición totalmente opuesta, tenemos las propuestas derivadas de la Escuela Austríaca de Economía, que plantea una alternativa radicalmente distinta.

Así, se trataría de apostar por la mínima intervención estatal y defender la supremacía absoluta del libre mercado.

Economistas como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek argumentan que cualquier intervención gubernamental distorsiona los precios y la asignación de recursos, generando ineficiencias.

Aunque este enfoque ofrece una decidida defensa de la libertad individual y empresarial, algunos críticos señalan que puede aumentar significativamente las desigualdades y no garantiza adecuadamente servicios esenciales básicos para toda la población.

En definitiva, aunque no está exenta de problemas, la economía mixta parece ofrecer un cierto equilibrio entre libre mercado e intervención estatal, tratando de compaginar el crecimiento económico con la cohesión y justicia social.

En la práctica, todavía no se ha logrado implementar un modelo alternativo que sea claramente superior a todos los niveles.

Para encontrar una definición legal del concepto de «gran tenedor de vivienda» tenemos que acudir a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Así, de acuerdo con su artículo 3, letra k), nos encontramos con que se considera gran tenedor a la «persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros. Esta definición podrá ser particularizada en la declaración de entornos de mercado residencial tensionado hasta aquellos titulares de 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dicho ámbito, cuando así sea motivado por la comunidad autónoma en la correspondiente memoria justificativa.»

Así, por ejemplo, en el caso de Cataluña, el límite para considerarse gran tenedor se ha establecido en esas 5 viviendas que indica la ley para mercados tensionados.

¿Cuál es el objetivo de introducir esta nueva categoría de propietario?

El objetivo del legislador al introducir el concepto de «gran tenedor de vivienda» es identificar a los grandes propietarios que podrían ejercer una influencia significativa sobre el mercado del alquiler y la compraventa de viviendas.

De ahí que, como ahora veremos, se les impongan obligaciones adicionales en el marco de la nueva ley.

Implicaciones prácticas de ser considerado un gran tenedor de vivienda

Efectivamente, aquellos propietarios que tengan la consideración legal de grandes tenedores de vivienda, se verán afectados por restricciones y obligaciones como las siguientes:

1. Prórrogas de alquiler en situaciones de vulnerabilidad

Cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad económica o social, puede solicitar una prórroga extraordinaria de un año en el caso de zonas no tensionadas y de 3 años si se trata de zonas tensionadas.

La particularidad consiste en que, si se trata de un propietario que sea gran tenedor de vivienda, está obligado a aceptar la prórroga solicitada (tanto si se trata de una zona tensionada como no tensionada).

2. Limitaciones a la actualización de precios de alquiler

La normativa de vivienda en España establece límites máximos de incremento porcentual para los precios de los alquileres, ya se trate de una renovación o de un nuevo contrato.

Estos porcentajes máximos son distintos cada año y, además, varían en función de si la zona se considera como tensionada o no tensionada.

En cualquier caso, a los grandes tenedores de viviendas se les aplican regulaciones más estrictas en este sentido.

3. Obligaciones de suministro de información

En el caso de que el gran tenedor posea una vivienda en zona tensionada, la Ley 12/2023 le obliga a suministrar determinada información, a solicitud de la administración correspondiente. En concreto, se trata de lo siguiente:

• Los datos identificativos de la vivienda y el edificio en que se ubica, incluyendo la dirección postal, año de construcción y, en su caso, año y tipo de reforma, superficie construida de uso privativo por usos, referencia catastral y calificación energética.
• Régimen de utilización efectiva de la vivienda, en el contexto de los de usos previstos en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
• Justificación del cumplimiento de los deberes asociados a la propiedad de vivienda, establecidos en el artículo 11 de esta ley.

Así se establece en el artículo 19 de la mencionada Ley 12/2023.

4. Limitaciones para la desocupación de viviendas

En los casos en que se quiera instar el desahucio de la vivienda por falta de pago, fin del contrato de alquiler u ocupación ilegal, la normativa obliga a que el propietario que tenga la condición de «gran tenedor» lo haga constar expresamente en su solicitud. 

Además, deben realizarse ciertos trámites adicionales, de entre los que destacan los siguientes:

• Solicitar al inquilino la cesión de sus datos para una eventual intervención de los Servicios Sociales correspondientes.
• Acreditar la vulnerabilidad económica del arrendatario.
• Acreditar que el propietario se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes, para intentar llegar a un acuerdo antes de tramitar la demanda de desahucio.

Por tanto, este tipo de medidas tiene como objetivo proteger a inquilinos vulnerables, pero suponen cargas adicionales para el gran tenedor de vivienda y, probablemente, retrasarán la efectividad del desahucio.

Efectos de estas medidas en el mercado inmobiliario

No es fácil evaluar o predecir los efectos que este tipo de medidas puedan tener en el mercado inmobiliario a medio o largo plazo.

De hecho, existe una gran divergencia de opiniones al respecto.

Por una parte, los defensores de estas restricciones a los grandes tenedores consideran que esto ayudará a proteger a los inquilinos más vulnerables y a reducir la especulación, al mismo tiempo que contribuirá a aumentar el stock de viviendas disponibles (ya que algunos propietarios podrían optar por vender parte de sus activos para dejar de ser grandes tenedores).

Sin embargo, hay otros sectores que dudan de la eficacia de estas medidas o, incluso, que las consideran contraproducentes para alcanzar los objetivos pretendidos.

Así, entienden que esto podría reducir la inversión inmobiliaria, con la retirada de los fondos de inversión y de los grandes tenedores. A su vez, esto podría contraer la actividad de construcción y desarrollo urbanístico, paralizando nuevos proyectos, disminuyendo la oferta disponible e introduciendo mayor rigidez en el sector.

En definitiva, la figura legal del «gran tenedor de vivienda» no está exenta de polémica, generando un fuerte debate dentro del sector entre sus defensores y sus detractores.

En cualquier caso, todavía están por ver los efectos que vaya a tener a medio y largo plazo, para confirmar o no que se hayan logrado (en todo o en parte) los objetivos planteados en la exposición de motivos de la nueva ley.

En este sentido, el propio juego de la oferta y la demanda y la libre competencia, unidas a la racionalidad intrínseca del ser humano, procuran que esos recursos se distribuyan de forma óptima, gracias a esa «mano invisible» de la que hablaba Adam Smith.

Sin embargo, hay situaciones en las que esto no se cumple, generándose ineficiencias o fallos que acaban perjudicando el bienestar de la sociedad.

Por tanto, podemos definir los fallos de mercados como aquellas situaciones en las que la asignación de bienes y servicios por parte del mercado es ineficiente, de modo que no se logra maximizar el bienestar social.

Es decir, en estos casos, aunque los individuos actúen de forma racional y busquen su propio interés según los principios del libre mercado, esto no lleva a un resultado racional y óptimo para el grupo.

De ahí que, en ocasiones, sea necesaria o conveniente la intervención del Estado para tratar de corregir dichas ineficiencias. Al menos, esto es lo que se defiende desde buena parte de la teoría económica. Sin embargo, líneas de pensamiento más próximas a la Escuela Austríaca, por ejemplo, se oponen a este tipo de soluciones.

Tipos de fallos de mercado

En la literatura económica, suelen distinguirse los siguientes tipos de fallos de mercado:

1. Externalidades

En lenguaje coloquial, podríamos decir que las externalidades son los «efectos secundarios» o «daños colaterales» de la economía de mercado, aunque no siempre tienen una connotación negativa, como ahora veremos.

Así, de forma más precisa, definiríamos las externalidades como los resultados no buscados de forma directa, que se derivan del consumo o producción de un bien o servicio.

De este modo, suelen darse cuando una transacción entre dos partes afecta a terceros que no están directamente involucrados en ella.

A su vez, las externalidades pueden ser de dos tipos:

• Externalidades negativas: se producen cuando una actividad económica genera efectos perjudiciales para terceros. El ejemplo típico es la contaminación ambiental causada por una fábrica que afecta a la salud de la población cercana.
• Externalidades positivas: se trata de efectos beneficiosos para terceros que no pagan por recibirlos. Un posible ejemplo sería la educación, ya que una población más educada genera beneficios para toda la sociedad, como pueden ser unos menores niveles de criminalidad y mayor productividad.

Para corregir las externalidades negativas, los gobiernos pueden acudir a medidas como la creación de impuestos, la concesión de subsidios o la aprobación de regulaciones que internalicen estos costos o beneficios (es decir, que hagan que esos efectos secundarios sean asumidos por quien los haya provocado).

2. Bienes públicos

En economía, se define a los bienes públicos como aquellos que reúnen estas tres características fundamentales:

• No excluibles: es decir, nadie puede ser excluido de su consumo.
• No rivales: su uso por una persona no reduce la disponibilidad del bien para otros.
• No renunciables: ningún individuo puede renunciar a recibirlos o usarlos.

Típicos ejemplos de este tipo de bienes son el alumbrado público, los parques públicos, los faros marítimos, la defensa nacional, etc.

Debido a estas características, los mercados privados no tienen incentivos para producir estos bienes de manera eficiente, ya que los individuos pueden beneficiarse de ellos «sin pagar».

En consecuencia, suele ser el Estado el que proporciona este tipo de bienes a través de la financiación pública.

3. Monopolios y estructuras de mercado no competitivas

En todas aquellas estructuras en las que no se cumplen los principios de competencia perfecta, se considera que existen fallos de mercado. Así, tenemos, por ejemplo:

• Monopolios: donde un solo agente económico tiene el control de la oferta de un producto o servicio.
• Oligopolios: en los que solo un reducido grupo de agentes controlan dicha oferta.
• Monopsonio: cuando existe un solo comprador para un determinado bien o servicio.
• Oligopsonio: si un pequeño grupo de agentes son los únicos que demandan cierto bien o servicio.

Así, por ejemplo, en un monopolio, la empresa puede restringir artificialmente la producción y elevar los precios por encima de su nivel eficiente.

Para corregir este tipo de fallos de mercado, los gobiernos pueden establecer regulaciones de precios, crear y aplicar leyes antimonopolio para fomentar la competencia o procurar la entrada de nuevos competidores en sectores estratégicos.

4. Información asimétrica

La información asimétrica se da en aquellas situaciones en las que una de las partes en una transacción posee más información que la otra, lo que puede llevar a la toma de decisiones ineficientes o a la asunción de riesgos innecesarios.

Así, por ejemplo, quien tenga información privilegiada, podría aprovechar el desconocimiento de los demás agentes para fijar precios por encima del nivel de equilibrio.

Para abordar estos fallos de mercado, las Administraciones pueden aprobar regulaciones de transparencia o fomentar directamente la divulgación de información.

¿Cómo se pueden corregir los fallos de mercado?

En los apartados anteriores, ya hemos visto varios ejemplos concretos de cómo se podrían corregir los fallos de mercado.

En esencia, todos ellos pueden reconducirse a las siguientes categorías principales:

• Tributos: los impuestos y otros tributos son un típico mecanismo de corrección de externalidades y otros fallos de mercado. Así, por ejemplo, las tasas medioambientales tienen como objetivo que el causante asuma los costos de la contaminación como externalidad negativa.
• Subsidios: se trata aquí de subsidiar aquellas actividades que produzcan externalidades positivas. Por ejemplo, actividades de investigación, educación, etc.
• Regulaciones: se pueden establecer normas que limiten las actividades que generen externalidades negativas o fomenten la competencia en sectores monopolísticos u oligopolísticos.
• Políticas públicas: por supuesto, también es habitual establecer políticas públicas que aborden determinados fallos de mercado. Así, por ejemplo, son habituales las políticas de transparencia y libre acceso a la información, para minimizar la asimetría informativa en sectores como el financiero o el sanitario.

Este tipo de medidas suelen defenderse desde posiciones de política económica relacionadas con el keynesianismo o neokeynesianismo. Por su parte, la escuela neoclásica y, especialmente, la Escuela Austríaca son mucho más reticentes a este tipo de intervenciones.

Desde esas posiciones, suele considerarse que los fallos de mercado casi siempre son temporales, y que el propio mercado acaba corrigiéndolos en cuanto los detecta.

En definitiva, los fallos de mercado pueden ocasionar fuertes desigualdades y perjuicios económicos, que, según algunos autores, no siempre son fáciles de abordar mediante la intervención pública. De hecho, esta también puede llegar a producir externalidades negativas en determinados supuestos.

En cualquier caso, se trata de un concepto clave dentro de la teoría económica, que es fuente continua de estudio desde todo tipo de posiciones ideológicas y académicas.